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Brasil quiere experimentar con un nuevo modelo de concesión para atraer capitales y buenos gestores

La situación económica puede haber cambiado, pero la necesidad que tiene la economía brasileña de unas infraestructuras de calidad continúa siendo la misma. Y para mantener el ritmo de su modernización logística, Brasil está dispuesto a experimentar con nuevas formas de colaboración público-privada que garanticen mayores beneficios a los concesionarios a cambio de un aporte más generoso —y más arriesgado— de capital. Es el anzuelo que ha ofrecido a los inversores el ministro brasileño de Hacienda, Joaquim Levy, en el desayuno informativo Infraestructuras, el estímulo de la economía brasileña, organizado por EL PAÍS en Madrid el lunes con el patrocinio de Telefónica, Santander e Iberdrola.

Para el ministro, el mercado de deuda brasileño está lo suficientemente desarrollado para “emisiones de deuda garantizadas con activos reales”. “Esta clase de proyectos de bajo riesgo pueden servir como laboratorio”, declaró Levy. “Puede ser realmente importante, no solo para Brasil, sino también para muchos otros países emergentes que necesiten sacar adelante proyectos de este tipo”. La necesidad de que las empresas encuentren su financiación en el mercado es un imperativo, máxime cuando agencias de calificación como Standard & Poor’s han retirado el grado de inversión a la deuda pública del país sudamericano.

PLANES SOBRE PLANES

Hay dos grandes planes en marcha para desarrollar las infraestructuras brasileñas. El primero es la segunda fase del ya veterano Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que prevé una inversión de alrededor de 1,05 billones de reales (250.000 millones de euros) en el período 2015-2018.

Ante la caída de los ingresos fiscales, el Ejecutivo quiere evitar meterse en proyectos nuevos y centrarse en las obras ya empezadas. Pero según el último balance del PAC, publicado el pasado mes de julio, solo 3.000 de los 76.000 millones de reales puestos a disposición de los proyectos del programa en la primera mitad de 2015 estaban dedicados a infraestructuras logísticas.

Ese es uno de los motivos por los que, el pasado junio, la presidenta Rousseff anunció un plan centrado exclusivamente en infraestructuras de transporte —el Programa de Inversiones en Logística (PIL)— por valor de 198.400 millones de reales (46.400 millones de euros), de los cuales alrededor de un 35% deberían ponerse a disposición de los proyectos en los próximos tres años.

Además de las inversiones prometidas, el ministro reiteró la voluntad del Ejecutivo de simplificar las trabas burocráticas que en muchos casos impiden sacar adelante proyectos certificadamente rentables. “Brasil es un país con seguridad jurídica”, recordó Levy durante el desayuno, pero en muchos casos el problema es precisamente el opuesto: un proceso excesivamente garantista que retrasa la aprobación de concursos y puede paralizar obras durante meses.

Los ferrocarriles, históricamente el punto débil de las infraestructuras brasileñas, se llevan la parte del león del PIL: un 43% de los recursos previstos. Además del ferrocarril bioceánico, que une Brasil con el puerto peruano de Bayóvar —proyecto que espera contar con capital chino para concretizarse— el plan prevé inversiones destinadas a reducir el número de camiones cargados de materias primas (especialmente soja) en las congestionadas carreteras del centro y del oeste del país.

En su intervención, Levy indicó que el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff quiere utilizar la red federal de carreteras como campo de pruebas de estas nuevas formas de financiación. “La infraestructura básica ya está construida”, señaló, “y la demanda está garantizada”. El objetivo es atraer proyectos que se financien de forma independiente, a través de emisiones de deuda corporativa, más que con créditos del Banco de Brasil o el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), ambos públicos.

PUERTOS Y AEROPUERTOS

Tan importante como llevar las cargas a los puertos es embarcarlas para el resto del mundo. La nueva legislación portuaria, aprobada en 2013, debe acelerar la entrada del sector privado en los puertos brasileños. “En Brasil se autoriza un terminal portuario privado cada semana”, presumió Levy durante el desayuno. Pero no es suficiente. “En los puertos públicos reiniciaremos tanto las licitaciones de concesiones como el leasing de áreas”, afirmó el ministro, “mientras que seguirá la simplificación de las autorizaciones de puertos privados”.

La gran historia de éxito del sector privado en las infraestructuras está en los aeropuertos. “Ha funcionado muy bien en aeropuertos como el de São Paulo – Guarulhos o el de Viracopos, en Campinas”, afirmó Levy. El Ejecutivo quiere seguir con ese proceso en otras terminales como la de Porto Alegre, Florianópolis o Fortaleza. Por: THIAGO FERRER MORINI // Fuente: elpais.com

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